El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado este jueves ante una comisión del Parlamento Europeo un reforzamiento de los medios comunitarios en la frontera con Marruecos y la presencia de las agencias europeas encargadas de fronteras, seguridad y asilo, tras la entrada masiva de migrantes registrada la semana pasada que mantiene a miles de personas en la ciudad.
Petición de apoyo a Bruselas
Juan Jesús Vivas compareció en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior en una sesión extraordinaria solicitada por el Partido Popular Europeo para informar de la situación derivada de la llegada masiva de personas. En su intervención reclamó la implicación directa de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, además de un plan específico contra el deterioro del tejido económico local.
«La frontera ceutí es de todos»
El presidente subrayó que la protección del paso fronterizo debe entenderse como una responsabilidad compartida por las instituciones europeas y urgió a reforzar tanto medios humanos como materiales para garantizar su control y la seguridad en la ciudad.
Capacidad de acogida desbordada
Las autoridades locales informan de un colapso de los recursos de acogida. Según datos aportados durante la comparecencia, los centros habilitados en Ceuta superan su capacidad en un 2.600 % y, pese a las evacuaciones y retornos efectuados, siguen permaneciendo en la ciudad entre 3.000 y 5.000 personas vinculadas a la entrada masiva.
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Exceso respecto a capacidad de centros | 2.600 % |
| Personas aún en Ceuta tras la llegada | 3.000–5.000 |
| Fecha de riesgo señalada en redes sociales | 15 de agosto |
Preocupación por un nuevo llamamiento
En su comparecencia Vivas advirtió de la incertidumbre existente ante la posibilidad de una nueva llegada masiva en torno al 15 de agosto, fecha que se ha difundido ampliamente en redes sociales y que ha generado alarma entre las autoridades locales. El presidente señaló que la ciudad «no ha vuelto a la normalidad» y mostró su preocupación por el efecto que un nuevo movimiento masivo tendría sobre la capacidad de respuesta de la administración y sobre la convivencia.
Reacción en las instituciones estatales
En paralelo, la Mesa del Senado se reunirá para estudiar la petición del Partido Popular de habilitar el mes de agosto con el fin de celebrar comisiones que reclamen la comparecencia de varios ministros por la crisis en Ceuta. El objetivo del grupo parlamentario es que al menos cuatro comisiones puedan exigir explicaciones y dar cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno central ante la situación generada tras la llegada masiva de personas desde Marruecos.
Demandas concretas desde Ceuta
Durante la intervención en la Eurocámara se reclamaron medidas concretas para aliviar la presión sobre la ciudad. Entre las solicitudes planteadas figuran:
- Despliegue de agencias europeas de fronteras, policía y asilo (Frontex, Europol, Agencia de Asilo).
- Refuerzo inmediato de medios humanos y materiales en la frontera.
- Un plan de apoyo que reduzca el impacto de la crisis en la economía local.
Las autoridades locales insisten en que la respuesta europea sería clave no solo para gestionar controles fronterizos, sino también para proteger sectores económicos y servicios básicos que han sufrido molestias por la presencia masiva de personas y las medidas de emergencia puestas en marcha.
Situación sobre el terreno y próximos pasos
La ciudad continúa coordinando con los recursos estatales actuaciones de recepción, identificación y derivación de personas, mientras que organismos internacionales y ONG estudian la evolución de la crisis. Las instituciones europeas deberán ahora valorar la solicitud de Ceuta y decidir el grado de implicación que puedan ofrecer para reforzar la gestión de fronteras y la atención a las personas desplazadas.
La advertencia sobre el 15 de agosto, difundida en plataformas digitales y motivo de análisis por parte de cuerpos de seguridad, mantiene el nivel de alerta en la ciudad, que sigue reclamando apoyos para evitar la saturación total de sus recursos y preservar la normalidad en los servicios públicos.
