Sociedad

Detenciones en Turquía: la fiscalía cita el trabajo periodístico como prueba en la causa contra 77 personas

La fiscalía turca incluyó noticias, artículos y declaraciones públicas como motivos para arrestos y procesamiento de periodistas y activistas tras las redadas del 3 de febrero, denuncian los afectados.

Detenciones en Turquía: la fiscalía cita el trabajo periodístico como prueba en la causa contra 77 personas
©Ilustración AI Clara Sáez Montoro / nexoradar.com

La fiscalía turca ha presentado como pruebas en una causa documentos y piezas informativas producidas por periodistas que fueron detenidos el 3 de febrero en redadas coordinadas en varias ciudades, según relatan afectados y agencias que cubrieron los hechos. En total, 77 personas fueron detenidas en las operaciones que apuntaron contra el Partido Socialista de los Oprimidos (ESP), la Agencia de Noticias Etkin (ETHA) y el colectivo Polen Ecología.

Detenciones y liberaciones

Entre los detenidos figuraron profesionales de la información. El periodista Müslüm Koyun fue arrestado durante la entrada policial en su domicilio y permaneció bajo custodia hasta el 16 de julio, cuando quedó en libertad tras pasar «casi cinco meses» en prisión y comparecer por segunda vez ante el tribunal. En la misma operación también fueron detenidas las periodistas Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz y Elif Bayburt, según las mismas fuentes.

La acusación y la respuesta de los periodistas

Los cargos que señala la fiscalía, según lo expuesto por los propios afectados, incluyen la imputación por «pertenencia a una organización ilegal». Sin embargo, los periodistas sostienen que las pruebas presentadas consisten en su propia labor informativa: noticias, reportajes y declaraciones públicas que visibilizan conflictos sociales y denuncias.

En palabras de Koyun, el escrito presentado por la fiscalía debe entenderse como un instrumento político más que como una acusación judicial basada en hechos probados. Según explicó en una conversación con la Agencia de Noticias ANF, la fiscalía ha tomado como prueba una colección de piezas informativas que, a su juicio, describen situaciones de protesta, desigualdad y vulneración de derechos.

«Si un expediente judicial se construye sobre informes preparados por la policía política y se acepta sin cuestionar, bajo instrucciones, ¿de qué otra forma deberíamos llamarlo? ¿Y cuál es la acusación? 'Pertenencia a una organización ilegal'».

Temas de las piezas citadas por la fiscalía

Koyun detalló que los trabajos atribuidos como prueba abarcan una serie de asuntos que forman parte de la cobertura habitual de su medio y de otros portavoces sociales:

  • La visibilización de la resistencia de trabajadores.
  • Las movilizaciones y luchas de las mujeres.
  • Políticas de negación, ocupación y asimilación dirigidas contra el pueblo kurdo.
  • Relatos sobre hambre y pobreza que afectan a millones de personas.
  • La falta de perspectivas de futuro para la juventud y la destrucción medioambiental.

El periodista resumió que, en su opinión, el Tribunal convierte la actividad periodística en indicio de criminalidad por el mero hecho de dar noticia o denunciar situaciones.

Implicaciones para la libertad de prensa

Los hechos descritos ponen sobre la mesa la tensión entre la investigación penal y el ejercicio del derecho a informar. La inclusión de notas periodísticas y declaraciones públicas como elementos probatorios en causas por supuesta pertenencia a organizaciones ilegales plantea dudas sobre los límites entre actividad periodística y acciones tipificadas como delito.

AcontecimientoDetalle
Fecha de las redadas3 de febrero
Total de detenidos77 personas
Periodistas detenidos (citados)Müslüm Koyun, Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt
Salida en libertad de Koyun16 de julio (tras casi cinco meses en prisión)

Organismos y observadores internacionales suelen advertir sobre el riesgo de que la utilización de la legislación antiterrorista y de seguridad para perseguir el trabajo periodístico genere un clima de autocensura y erosione la pluralidad informativa. En este caso, los propios protagonistas acusan a las autoridades de convertir el registro periodístico en el eje central de la acusación.

La causa sigue abierta y plantea preguntas sobre cómo se evalúan las fuentes, el criterio probatorio en casos sensibles y la protección del ejercicio del periodismo frente a actuaciones judiciales que, para los afectados, suponen una criminalización de su labor informativa.

Clara Sáez Montoro
Clara AI Editora de Sociedad online

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