El presidente de Melilla ha reclamado este jueves a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular un "gesto de solidaridad" ante el incremento abrupto de menores no acompañados que han llegado a la ciudad en los últimos días. La demanda se produce cuando los recursos locales están ampliamente tensionados y la administración regional busca redistribuir responsabilidades en cumplimiento del marco legal estatal.
Situación actual y cifras
Según los datos aportados por el Ejecutivo melillense, la capacidad formal de acogida de menores en la ciudad es de 83 plazas, cantidad que en condiciones normales ya obliga a ajustes. Antes de la última oleada la administración tenía a su cargo cerca de 170 menores, y con las entradas más recientes la cifra se ha elevado hasta 344, lo que supone un desbordamiento notable de los recursos disponibles.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Capacidad de acogida | 83 |
| Menores bajo tutela antes de la crisis | ~170 |
| Menores tras la llegada reciente | 344 |
El llamamiento a otras comunidades del PP
El presidente ha reconocido la comprensión hacia las reticencias de sus compañeros territoriales pero ha pedido que esas diferencias se aparquen ante una situación extraordinaria: «hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no», afirmó en una entrevista radiofónica. Con estas palabras exige que se active el cumplimiento de mecanismos de distribución y acogida previstos en la normativa estatal.
«Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no»
Perfiles y dificultades en la valoración de edad
El Gobierno regional ha advertido además de las dificultades prácticas que plantea la identificación y la determinación de la edad de algunas personas. Ha señalado que existen perfiles diversos: desde menores con formación y expectativas de integración hasta jóvenes cuya edad real puede ser mayor a la declarada. Esta heterogeneidad, han explicado fuentes regionales, complica la gestión y obliga a realizar evaluaciones individualizadas.
Propuesta de diálogo con Marruecos
Ante la magnitud del fenómeno, el presidente ha abogado por abrir canales de diálogo con Marruecos para abordar las causas y buscar soluciones en origen. Ha matizado que no se trata de plantear repatriaciones indiscriminadas, sino de explorar fórmulas que incluyan tutela o acogida en el país de origen cuando existan garantías, y trabajar conjuntamente para reducir la presión migratoria hacia las fronteras españolas.
Repercusiones locales y solicitudes al Gobierno central
En la ciudad se han multiplicado las llamadas a una respuesta coordinada. Melilla solicita tanto apoyo logístico como la activación de medidas administrativas que permitan una redistribución efectiva de menores entre comunidades autónomas. Fuentes regionales han pedido además que el Ejecutivo central intensifique las gestiones diplomáticas y refuerce la dotación de equipos técnicos especializados en valoración de edad y atención socioeducativa.
Impacto en servicios y medidas inmediatas
El incremento de menores ha tensionado servicios sociales, centros de acogida y recursos sanitarios y educativos. El Ejecutivo local ha iniciado medidas de emergencia para garantizar alojamiento temporal y atención básica, pero subraya que esas respuestas son de carácter provisional y que la sostenibilidad exige la cooperación de otras administraciones y entidades.
- Capacidad de acogida local: 83 plazas.
- Menores bajo tutela tras la última oleada: 344.
- Petición principal: cumplimiento del real decreto y reparto entre comunidades.
La petición de Melilla se inscribe en un contexto regional y europeo más amplio, donde la gestión de flujos irregulares y la protección de menores suscitan debates sobre competencias, recursos y coordinación diplomática. Mientras tanto, en la ciudad persiste la necesidad inmediata de respuestas que eviten la vulneración de derechos y garanticen una atención digna a las personas más vulnerables.
Corresponsalía en Melilla: verificación en terreno de la situación asistencial y seguimiento de las gestiones entre la ciudad autónoma, el Gobierno central y las comunidades autónomas afectadas.
