La Unión Europea ha puesto en marcha una prohibición que impide a las grandes empresas textiles destruir prendas de vestir, accesorios y calzado que no hayan sido vendidos, una medida incluida en el Reglamento (UE) 2024/1781 sobre requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR). La restricción entró en vigor el pasado 19 de julio para las compañías de mayor tamaño, dentro de una apuesta por un modelo productivo más circular y menos intensivo en residuos.
Alcance del problema
Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) señalan que la producción de desechos textiles en la UE alcanza cifras elevadas: en 2022 los Estados miembros generaron 6,94 millones de toneladas de residuos textiles, lo que equivale a unos 16 kilos por habitante. Al mismo tiempo, el consumo medio siguió aumentando y se situó en alrededor de 19 kilos por persona. Estas magnitudes subrayan la necesidad de medidas dirigidas a reducir el desperdicio en todo el ciclo de vida de los productos.
Objetivos y medidas
El propósito declarado por la Comisión Europea es evitar que productos nuevos acaben en vertederos o sean incinerados cuando mantienen potencial de uso. La nueva regla obliga a las grandes empresas a buscar alternativas como la reutilización, la reparación, la donación o la reventa de artículos que no han encontrado comprador.
El reglamento no impone la misma obligación a todas las empresas: las medianas tendrán un periodo de adaptación hasta el 19 de julio de 2030, mientras que las pequeñas y microempresas quedan exentas de esta medida. La Comisión Europea también reconoce situaciones excepcionales que permiten la destrucción justificada de productos, como los casos en que exista un riesgo para la salud o la seguridad, la presencia de mercancía falsificada, el incumplimiento de la normativa europea o que el artículo resulte irreparable.
Impacto estimado
Bruselas calcula que entre el 4% y el 9% de todos los productos comercializados en la UE son destruidos antes de haber sido utilizados. Ese porcentaje representa una parte significativa del impacto ambiental del sector textil, tanto por el uso de recursos como por las emisiones derivadas del tratamiento de residuos.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Residuos textiles en 2022 | 6,94 millones de toneladas |
| Residuos por habitante | 16 kg |
| Consumo medio por persona | 19 kg |
| Porcentaje de productos destruidos | 4–9% |
Consecuencias para empresas y mercado
Para las grandes compañías del sector, la nueva normativa conlleva cambios operativos y logísticos. Tendrán que implantar sistemas que permitan identificar, almacenar y canalizar productos no vendidos hacia redes de reutilización, reparación, donación o reventa. También deberán documentar y justificar cualquier destrucción amparada en las excepciones previstas.
Esta transición puede implicar costes adicionales —logística inversa, control de calidad para la reventa, acuerdos con entidades de segunda mano o donación— pero también abre oportunidades de negocio en mercados de segunda mano y servicios de reparación. La medida apunta igualmente a incentivar diseños más duraderos y fácilmente reparables, en línea con los objetivos del ESPR.
- Quiénes afectan: grandes empresas textiles (entrada en vigor inmediata desde el 19 de julio).
- Adaptación: medianas empresas hasta 2030; pequeñas y microempresas exentas.
- Excepciones: riesgo para la salud, falsificación, incumplimientos normativos o irreparabilidad.
El éxito de la medida dependerá de la capacidad de las empresas para reconvertir cadenas de valor, del desarrollo de infraestructuras para la logística inversa y de la colaboración con entidades sociales y mercados de segunda mano. También requerirá vigilancia por parte de las autoridades para evitar prácticas elusivas y garantizar que la prohibición reduzca efectivamente el envío de productos nuevos al vertedero o a la incineración.
En España, donde la industria textil es un actor relevante y el consumo per cápita forma parte de las estadísticas europeas, el cambio de reglas en Bruselas obligará a actores industriales y comerciales a adaptar sus estrategias y considerar modelos alternativos que combinen sostenibilidad y viabilidad económica.
