La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Madrid ha pedido una respuesta política «contundente, eficaz y de ámbito nacional» ante el aumento de incendios forestales, reclamando que agricultores y ganaderos formen parte de los protocolos de prevención y de actuación. La organización denuncia, además, que las medidas restrictivas aplicadas en episodios de alto riesgo están paralizando actividades agrarias sin distinguir entre trabajos con distinto nivel de riesgo.
Sector rural como actor clave en la prevención
Durante una rueda de prensa, el secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, subrayó la vulnerabilidad creciente frente al fuego por los veranos más secos, el cambio climático y el abandono del medio rural. En su intervención, recordó que los profesionales del campo gestionan una porción significativa del territorio regional y desempeñan funciones preventivas y de detección temprana que, a su juicio, no están siendo consideradas en las políticas actuales.
«Los agricultores y ganaderos gestionamos el 62% del territorio de la Comunidad de Madrid y desempeñamos un papel imprescindible en la prevención de los incendios»
UPA Madrid defiende que la ganadería extensiva contribuye a reducir la carga de combustible en montes y que los agricultores suelen ser los primeros en detectar y actuar ante un foco antes de la llegada de los servicios de extinción. Por ello, pide que el diseño de protocolos de riesgo incluya de forma permanente a las entidades representativas del sector.
Protesta por restricciones que paralizan el trabajo agrario
La organización ha denunciado que las limitaciones generales aplicadas durante episodios de peligro extremo han impedido durante más de una semana la realización de numerosas labores, lo que, según UPA, provoca daños económicos y operativos difíciles de recuperar. El secretario de Agricultura de UPA Madrid, Pío Carmena, calificó la situación de «insostenible» y advirtió de que la regulación actual no distingue entre tareas con diverso nivel de riesgo.
«Cumplimos con todos los protocolos de prevención, pero no podemos asumir la responsabilidad de la gestión del fuego ni de la falta de medios en el medio rural»
La crítica del sindicato agrario combina dos reclamaciones: por una parte, mayor coordinación y dotación de medios para la lucha contra incendios; por otra, protocolos más precisos que permitan continuar con labores esenciales —como siegas o manejo de ganado— cuando no aumentan el peligro real.
Implicaciones y propuestas
UPA Madrid propone que la política nacional de incendios incorpore medidas concretas en las que participen activamente los titulares de explotaciones, entre ellas:
- Incluir a agricultores y ganaderos en los comités y protocolos regionales y nacionales de prevención y alerta.
- Adaptar las restricciones de actividad a criterios de riesgo diferenciados por tipo de trabajo.
- Fomentar y financiar prácticas de ganadería extensiva y gestión agrícola que reduzcan la carga de combustibles.
- Mejorar la dotación de medios y la respuesta en el medio rural para evitar que la gestión recaiga exclusivamente en el sector.
Estas demandas conectan con debates más amplios sobre la desertificación, la pérdida de población rural y las políticas de uso del territorio en España. Los responsables de UPA advierten de que sin un cambio de enfoque la frecuencia e intensidad de incendios, impulsadas por el calentamiento global, continuarán incrementándose.
| Actor | Rol propuesto |
|---|---|
| Agricultores y ganaderos | Prevención activa, detección temprana, reducción de combustibles |
| Administraciones (regional y nacional) | Diseño de protocolos, diferenciación de restricciones, dotación de medios |
| Servicios de extinción | Respuesta coordinada y refuerzo en zonas rurales |
La petición de UPA Madrid llega tras episodios recientes que han afectado a la Comunidad de Madrid y que han puesto en evidencia la tensión entre la protección del territorio, la seguridad ciudadana y la continuidad de la actividad agraria. El sindicato reclama diálogo, planificación y recursos para que el campo no sea ni el único ni el último actor en la gestión del fuego.
El debate ahora se traslada a las administraciones competentes, llamadas a articular una respuesta que combine prevención basada en territorio, criterios climáticos y medidas que permitan compatibilizar la labor agraria con la seguridad en periodos de riesgo elevado.
