El Ayuntamiento de Mataró, mediante la empresa pública Promocions Urbanístiques de Mataró (Pumsa), ha alcanzado un principio de acuerdo con El Corte Inglés para recuperar la plena titularidad del solar de Can Fàbregas y de Caralt. La operación, que deberá formalizarse y someterse a los trámites administrativos habituales, contempla el pago de 11.713.000 euros más IVA por parte del consistorio.
Un conflicto que se remonta a 2012
El origen del litigio se sitúa en enero de 2012, cuando El Corte Inglés adquirió la finca mediante un concurso público por 24 millones de euros con la intención de desarrollar un gran centro comercial y un aparcamiento subterráneo de unas 600 plazas. El proyecto, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse y la falta de materialización originó durante años discrepancias entre la compañía, el Ayuntamiento y Pumsa.
La superficie del conjunto de solares alcanza los 9.626 metros cuadrados de suelo y dispone de una edificabilidad máxima de 26.576 metros cuadrados de techo, datos que subrayan su carácter estratégico para usos terciarios y para la ordenación urbana de la capital del Maresme.
Acuerdo para evitar litigios y plazos para la firma
Según informó el consistorio, las partes han considerado que la solución alcanzada «permite evitar los riesgos, los costes, las incertidumbres y las dilaciones derivados de la continuación de un procedimiento judicial complejo». Con el pacto, el Ayuntamiento recuperará la plena titularidad siempre que se completen los trámites administrativos exigidos a las adquisiciones patrimoniales por las administraciones públicas.
«El importe se corresponde con el valor de tasación actual de la finca, confirmado por los servicios técnicos municipales»
El acuerdo incluye además plazos concretos: la operación tendrá que ser aprobada por el Pleno municipal de septiembre y la formalización de la compraventa queda fijada, salvo acuerdo en contrario, hasta el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite.
Implicaciones urbanísticas y patrimoniales
La recuperación de estos terrenos ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de decidir directamente su futuro urbanístico, tras una década en la que la planificación quedó condicionada por la disputa con la empresa. El expediente ha incluido episodios relacionados con la conservación del patrimonio industrial: la antigua nave de Can Fàbregas, dos edículos y una chimenea fueron objeto de controversia cuando Pumsa procedió a su desmontaje para liberar el solar, recurso que terminó dando lugar a una sentencia judicial que, según las informaciones previas, ordenó la reconstrucción de la nave.
- Superficie del solar: 9.626 m².
- Edificabilidad máxima: 26.576 m².
- Precio de recompra acordado: 11.713.000 € + IVA.
- Plazo límite para formalizar la compraventa: 31/12/2026.
- Aprobación pendiente: Pleno municipal de septiembre.
El alcalde de Mataró, David Bote, ha valorado positivamente el acuerdo y ha agradecido la disposición de El Corte Inglés para cerrar el conflicto, al tiempo que ha subrayado que la operación supone recuperar «unos terrenos estratégicos» para la ciudad.
Datos económicos y administrativos
El Ayuntamiento ha justificado el importe como coincidente con la valoración actual de la finca realizada por los servicios técnicos municipales. La cuantía a abonar, tal y como figura en el principio de acuerdo, excluye el impuesto sobre el valor añadido, por lo que el coste total para las arcas municipales será mayor una vez se incorpore el IVA correspondiente.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Precio pactado | 11.713.000 € (IVA no incluido) |
| Superficie | 9.626 m² |
| Edificabilidad máxima | 26.576 m² |
| Fecha límite formalización | 31/12/2026 |
El cierre de este capítulo abre ahora la posibilidad de que el Ayuntamiento y Pumsa diseñen, de forma directa, el destino urbanístico y las posibles intervenciones en la parcela. Los detalles concretos sobre usos, proyectos futuros o cesiones urbanísticas deberán concretarse en los procesos técnicos y políticos posteriores a la aprobación plenaria.
Fuentes municipales han señalado que todas las partes han abandonado la vía judicial para resolver el asunto, lo que evita nuevos costes y la prolongación de litigios en tribunales. El acuerdo, en cualquier caso, no se dará por formalizado hasta que no concluyan los trámites administrativos exigidos a la compra de patrimonio por parte de una administración pública.
