El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha cesado a un alto cargo del Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras concluir una investigación interna en la que se consideraron acreditados hechos que motivaron el envío del informe al Ministerio Fiscal por la posible comisión de delitos.
Origen de la investigación y decisiones administrativas
El expediente, cuyo resultado aparece recogido en el Boletín Oficial de Navarra (BON), finaliza un procedimiento que se abrió el pasado 20 de mayo para apartar al responsable de su jefatura. La resolución está fechada el 17 de julio y recoge el cese del cargo.
El inicio del proceso fue consecuencia de una denuncia que trascendió tras una publicación en una red social y de una denuncia anónima presentada en diciembre por una médica del centro. En esa comunicación se describían, según el relato difundido en internet, comportamientos tanto verbales como físicos atribuidos al jefe de servicio y se planteaba que la dirección conocía la situación sin que se hubieran adoptado medidas.
«indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito»
Ante estos hechos, el departamento de Salud activó la comisión de investigación que contempla su procedimiento interno para prevenir y abordar situaciones de conflicto, acoso o violencia en el entorno laboral. Tras la culminación de los trabajos de dicha comisión, su informe fue remitido a la Fiscalía «al apreciar indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito», según consta en la documentación oficial.
Trámite administrativo y respuesta del investigado
El procedimiento para acordar el cese quedó formalmente iniciado el 20 de mayo. El alto cargo mostró su oposición a la propuesta y presentó alegaciones en el marco del trámite administrativo establecido, pero la Dirección de Personal del Servicio Navarro de Salud concluyó el expediente con la resolución de cese publicada en el BON.
La Institución ha optado por la finalización de la relación de desempeño del puesto directivo mientras la investigación judicial, si la Fiscalía lo considera procedente, siga su curso. La documentación difundida no detalla sanciones adicionales ni especifica medidas complementarias adoptadas en el ámbito laboral o de prevención internas al hospital.
Contexto y consecuencias
El caso sitúa de nuevo en el centro del debate la actuación de los servicios de salud ante denuncias por acoso en entornos sanitarios, la protección de quienes denuncian y el régimen disciplinario aplicado a cargos de responsabilidad. La decisión administrativa de cesar al responsable del servicio puede entenderse como una medida cautelar y de prevención de riesgos psicosociales en el entorno de trabajo, además de una respuesta institucional a la gravedad de los hechos acreditados por la comisión.
Entre los aspectos que se derivan del proceso figuran:
- La traslación a la Fiscalía de los hallazgos de la investigación interna.
- La existencia de un procedimiento interno para investigar y hacer seguimiento de situaciones de conflicto o acoso laboral y sexual.
- La publicación formal del cese en el Boletín Oficial, que dota de eficacia administrativa al acuerdo.
El caso también pone en evidencia la complicación que supone la coexistencia de vías administrativa y penal cuando se investigan conductas en el ámbito laboral sanitario, y la necesidad de proteger a las denunciantes durante ambos procesos.
Fechas relevantes
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| Diciembre | Presentación de denuncia anónima y publicación en red social que describe los hechos |
| 20 de mayo | Inicio formal del procedimiento para apartar al jefe de servicio |
| Mes de mayo | Remisión del informe de la investigación interna a la Fiscalía |
| 17 de julio | Fecha de la resolución que acuerda el cese, publicada en el BON |
La Clínica y la Administración sanitaria no han facilitado más detalles públicos sobre el contenido del informe de la comisión ni sobre el alcance exacto de los hechos acreditados, limitándose la comunicación oficial a la exposición de las actuaciones procesales y administrativas llevadas a cabo.
La remisión del caso a la Fiscalía marca el inicio, en su caso, de una fase de investigación judicial en la que corresponde a los órganos competentes decidir si la información aportada por la investigación interna permite la apertura de diligencias penales.
En los próximos días podría conocerse si la Fiscalía adopta alguna resolución sobre la apertura de investigación penal o si, alternativamente, solicita diligencias complementarias para determinar la posible comisión de delitos y su encaje jurídico.
Servicio Navarro de Salud y la dirección del HUN mantienen reservada la información adicional, por lo que la evolución del procedimiento dependerá de las decisiones que adopten tanto la Fiscalía como la propia Administración sanitaria.
