El municipio de Arona, en el sur de Tenerife, ha sido escenario de uno de los mayores despliegues contra asentamientos ilegales registrados en los últimos años en Canarias. La actuación, desarrollada tras meses de planificación, combinó intervenciones policiales y administrativas para desalojar y documentar construcciones irregulares que, según fuentes municipales, estaban preparadas para uso residencial permanente.
Intervención coordinada y recursos técnicos
Desde el Consistorio se informó que el operativo contó con la participación de unidades de Servicios Sociales, Urbanismo y la Policía Local, junto con labores de cartografía aérea mediante drones para valorar el alcance de las edificaciones y su impacto sobre la zona. La alcaldesa, Fátima Lemes, calificó la actuación como «muy positiva» en declaraciones al programa Herrera en COPE Tenerife, y subrayó la necesidad de preservar el carácter agrícola del terreno intervenido.
Las autoridades municipales explicaron que las actuaciones previas no eran puntuales. En semanas previas ya se habían realizado inspecciones y medidas administrativas con el objetivo de documentar y restringir la implantación de nuevas estructuras irregulares. La alcaldesa insistió en que, pese a reconocer el problema de la vivienda, no puede tolerarse que se ocupen y transformen espacios destinados a otro uso.
Hallazgos que evidencian instalación duradera
El registro efectuado en el asentamiento puso de manifiesto que no se trataba de chabolas improvisadas, sino de edificaciones con equipamiento domiciliario. Entre los elementos detectados figuran:
- Cocinas con vitrocerámica
- Instalación eléctrica y suministro de gas
- Aire acondicionado
- Pozos y bloques de construcción
- Habitaciones acondicionadas para residencia permanente
- Vallados de alta seguridad y sistemas de acceso vigilados
«Se han encontrado con actividades irregulares, investigaciones, hubo detenidos», declaró la regidora, que puso el acento en que son «construcciones para establecer su residencia, no para escapar».
El patrón de ocupación y el tipo de infraestructuras halladas, según el Ayuntamiento, evidencian un ritmo de construcción alarmante: tras la intervención se detectaron intentos de instalación de nuevas vallas y contenedores en las inmediaciones.
Consecuencias y retos para la administración local
La operación abre un frente complejo para las administraciones locales, que deben compatibilizar la actuación en materia de legalidad urbanística con las necesidades sociales de personas afectadas por la falta de vivienda. El Consistorio responsabiliza a varias áreas municipales de coordinar la respuesta, tanto en el plano sancionador como en la atención social a quienes puedan precisar apoyo.
El uso de drones y el trabajo interdepartamental responden, según fuentes municipales, a la intención de disponer de un diagnóstico riguroso que permita recuperar el suelo —calificado por la alcaldía como agrícola— y evitar nuevas ocupaciones irregulares. Las actuaciones incluirán, además de la retirada de estructuras, el seguimiento de las investigaciones abiertas por posibles actividades irregulares detectadas durante el operativo.
| Aspecto | Situación |
|---|---|
| Participación municipal | Servicios Sociales, Urbanismo, Policía Local |
| Medios técnicos | Estudios cartográficos con drones |
| Elementos detectados | Vitrocerámica, electricidad, gas, aire acondicionado, pozos, vallados |
| Situación legal | Actuaciones administrativas y policiales en curso |
Por el momento, el Ayuntamiento no ha facilitado el número exacto de personas afectadas ni el detalle de las sanciones que se impondrán. Sí confirmó que en el marco de la intervención se practicaron detenciones y que las investigaciones siguen abiertas para esclarecer posibles irregularidades detectadas en la zona.
El resultado de este operativo marcará, según la alcaldía, la hoja de ruta para actuaciones futuras en terrenos susceptibles de ocupación. El reto para Arona será, a corto y medio plazo, compaginar la defensa del orden urbanístico y la conservación de espacios agrícolas con la atención y alternativas habitacionales que demandan quienes carecen de vivienda digna.
